¿Cómo impactarán a la producción de cine el impuesto al ‘streaming’ y la televisión por cable?

Desde la década de 1980, en Costa Rica se inició la discusión sobre la necesidad de darle un marco legal a la cinematografía en el país. Tras años de buscar consenso entre las diferentes partes interesadas, esta semana se dictaminó de forma positiva en la Comisión de Ciencia y Tecnología el expediente 20.661, conocido popularmente como la Ley de Cine.

Esta es la primera vez que la iniciativa de ley logra avanzar al plenario, para poder ser discutida por los 57 diputados y diputadas en primer y segundo debate.

Desde la presidencia de la comisión dictaminadora, el liberacionista Wagner Jiménez manifestó estar satisfecho con el alcance que el proyecto busca darle al cine y a la producción audiovisual costarricense. Además, aseguró que existe voluntad política en el plenario y en su fracción para convertir el proyecto en ley de la República.

“El principal recurso que obtendremos con esta ley es para el fortalecimiento del PYME [pequeña y mediana empresa] nacional enfocado en la producción audiovisual, que contará con una amplia seguridad de financiamiento. Este es un proyecto muy importante para el desarrollo de la cultura y los diputados lo saben” afirmó Jiménez.

Pese a que la iniciativa parece tener viabilidad política en la Asamblea Legislativa, el sector que ofrece servicios de televisión por cable y de suscripción por Internet han mostrado su descontento con la propuesta de ley.

Su negativa se debe a que el proyecto propone actualizar el impuesto a espectáculos públicos, que actualmente cobra 6%, para reducirlo a un 1,5%, pero agregando esta nueva carga a todos los servicios que lucren con la transmisión de cine y de la televisión nacional. Eso incluiría a las cableras y a las plataformas de transmisión por Internet, como HBO, Amazon, Apple TV, Netflix; entre otras.

Por ejemplo, los usuarios suscritos al plan básico de Netflix que actualmente pagan ₡5.240 mensuales, con la aprobación de esta ley pasarían a pagar ₡5.320. Es decir, serían ₡80 colones más.

Para los servicios de cable, por ejemplo, con el plan básico de Cabletica que tiene un costo de ¢15.492, el 1,5% del impuesto representaría ¢230 colones más en la factura mensual del servicio.

En el caso de los teatros y cines, el nuevo ajuste que propone la ley  significaría un aumento de ¢45 más en el precio de las entradas generales, que rondan aproximadamente los ¢3 mil colones.

Las instituciones que se verían beneficiadas con la iniciativa son el Teatro Nacional, Compañía Nacional de Teatro, Orquesta Sinfónica Nacional y el Museo de Arte Costarricense. En caso de que se apruebe el proyecto de ley,  también se incluiría al Centro de Cine.

Quedando distribuido de la siguiente forma: 40% para el Teatro Nacional, 22% para la Compañía Nacional de Teatro, 20% para el Centro de Cine,  9% para el Museo de Arte Costarricense y otro 9% para el Instituto Nacional de la Música.

La diputada oficialista y propulsora del proyecto, Laura Guido, aclaró que la Ley de Cine no busca crear nuevos impuestos, sino que plantea actualizarlos a las nuevas plataforma de consumo digital.

“El proyecto de ley de cine no crea un nuevo impuesto. Actualiza el Impuesto de Espectáculos Públicos (IEP) bajandolo de 6% a 1.5% y actualiza lo que se paga por consumir cine incluyendo las nuevas formas de consumirlo, que son los streaming y el servicio de cable” concluyó.

Bajo esa misma línea el diputado del Partido Acción Ciudadana, Enrique Sánchez, afirmó que lo que el proyecto busca es igualar el nivel de contribución de los servicios que lucran con la producción audiovisual y el cine.

“En los años 40 claramente no existía ni la televisión de paga ni las plataformas de streaming, pero hoy, aunque todos lucran con el audiovisual, solo los cines aportan. De eso se trata: que el audiovisual financie el audiovisual, que el cine financie el cine en todas sus ventanas” manifestó Sánchez.

El diputado oficialista agregó que, a través de la Ley de Cine, el país le generaría más empleos a las comunidades rurales del país, esto debido al aumento en las producciones cinematográficas.

“¿Quiénes se benefician? La industria del cine es una de las que más encadenamientos genera. No solo se contratan actores y actrices, técnicos, directores y productores, sino que cuando se filma un proyecto naturalmente hay que contratar servicios locales” concluyó.

Las datos dan fe del salto que señala Sánchez, según informes del Centro Costarricense de Producción Cinematográfica en el 2018, la película “El despertar de las hormigas” contrató entre actores, extras, alojamiento, transporte y alimentación a más de 100 personas en San Mateo.

El caso se repite con la película “Ceniza Negra” que atrajo una inversión extranjera de 350 mil dólares que reinvirtió principalmente en la provincia de Limón.

Para Ana Alarcón, directora del Centro Costarricense de Producción Cinematográfica, uno de los mayores beneficiarios del proyecto, el impacto que tendría la Ley de Cine para el país es vital para el desarrollo económico del país.

“Son montos muy bajos que tendrán un inmenso impacto en el desarrollo económico y cultural de nuestro país, generando empleos calificados en muchísimas profesiones y oficios que sin duda permitirá el desarrollo de una industria audiovisual nacional más sólida” expresó Alarcón.

El expediente 20.661 pasará a ser discutido en las próximas semanas en el plenario por los 57 diputados, donde deberá contar con el apoyo mínimo en primer y segundo debate, para ser declarada ley de la República.