El verdadero Armagedón costarricense: déficit fiscal

La actual campaña electoral ha dejado en evidencia la práctica política que ha habido en nuestro país por por más de una década: ignorar el incómodo, pero serio problema fiscal.

Según el Ministerio de Hacienda el déficit fiscal del Gobierno cerró el 2017 casi un punto porcentual arriba de lo proyectado.

La insolvencia alcanzó el 6,2% (₡2 billones) del Producto Interno Bruto (PIB), cuando lo proyectado a inicios de ese año fue de 5,9%. El agravante, según el mismo ministro de Hacienda, Helio Fallas, fue un incremento en el gasto, principalmente causado por el pago de intereses en la deuda.

Camino al déficit. Desde hace décadas en nuestro país no se hace un ajuste fiscal que se apegue a la realidad costarricense.

Nuestra estructura fiscal data de los años 80, cuando la economía estaba basada principalmente en bienes, y la donde la Ley del Impuesto Sobre la Renta (Ley 7092) exonera del pago al ahora sector más dinámico de la economía nacional: el sector servicios.

Un documento hecho por el ex viceministro de Hacienda (2014-2017), Fernando Rodríguez y colgado en la página de la OCDE, evidencia que aunque desde 1978 todos los gobiernos han planteado propuestas de reforma fiscal, únicamente en tres ocasiones esas reformas han tenido un impacto en el sistema tributario nacional.

La última de ellas fue en 1995. Al igual que hoy, en aquella época, las autoridades estaban preocupadas porque se enfrentaban a un déficit fiscal no visto desde la crisis de los ochentas, a una economía desacelerada y a una inflación con tendencia al alza.

La administración del ex presidente José María Figueres Olsen propuso, entre otras cosas, una reforma al Impuesto General de Ventas, que consistía en subir el tributo del 10% al 15%.

Sin embargo, las medidas tomadas por el Congreso que presidía el entonces diputado Antonio Álvarez Desanti, acordó que el impuesto del 15% aumentaría solo durante 18 meses y luego bajaría al 13%, donde se mantiene hasta el momento.

Como lo apunta el ex viceministro Rodríguez, después de esa fecha todas las reformas aprobadas han sido temporales y/o parciales.

En los años siguientes a la administración Figueres-Olsen, el país no logró salir del déficit sino hasta el 2007, cuando durante el segundo mandato Arias-Sánchez el entonces ministro de Hacienda, Guillermo Zúñiga, comunicó en conferencia de prensa que por primera vez en 40 años Costa Rica cerraba un año con superávit.

El superávit alcanzado duró hasta 2008 cuando la carga tributaria cerró ese año en 15.4% del PIB, la más alta que hemos tenido desde entonces. Según Zúñiga,  esto obedeció a una mayor recaudación de impuestos.

Sin embargo la bonanza financiera no duró mucho tiempo más, pues en ese mismo año la crisis económica internacional hizo que el ex presidente Arias pusiera en marcha el llamado Plan Escudo.

El Plan era una propuesta para airear la economía costarricense mientras la internacional se recuperaba. Aunque la propuesta no apuntaba explícitamente a una política fiscal expansiva, es decir, a aumentar el gasto en remuneraciones, transferencias y capital, o bien reducir los impuestos para estimular el crecimiento económico a corto plazo; Óscar Arias sí echó mano de esta política, pues el gasto del Gobierno Central se disparó a finales del 2009.

Según el analista de políticas públicas Juan Carlos Hidalgo, el aumento salarial y de empleo en el sector público, durante esa administración, son la causa principal del actual déficit fiscal.

“Para el 2009, 4 de cada 10 empleos creados en la economía costarricense, 3 fueron en el sector público. Y el mal diseño del aumento salarial que, en principio se suponía sería únicamente para los maestros, por diversas disposiciones legales se tuvo que extender casi que a todo el sector público. Ahí es cuando la situación se empieza a salir de control”.

Hidalgo recalca que la decisión de aumentar el gasto en salarios y empleo público nunca fue una estrategia de corto plazo y más bien se convirtió en una carga permanente en las finanzas públicas.

Ingresos y gastos. El año pasado nuestro país registró una carga tributaria del 13.4% del PIB. Estos ingresos representan los más de 4 billones de colones que suposo la recaudación de impuestos.

Desde el año 2010, todos los años se percibe más dinero por conceptos tributarios. Según Carlos Vargas, Director General de Tributación, las herramientas de cobro digital puestas a funcionar en los últimos cuatros años son las que han logrado la estabilidad en el crecimiento de la recaudación.

“La estrategia de digitalización del Ministerio de Hacienda facilita el cumplimiento voluntario de las obligaciones del contribuyente; y procura espacios donde la administración también tenga mejores herramientas digitales para el control”.

Sin embargo, para el economista y ex Director del Programa del Estado de la Nación, Miguel Gutiérrez-Saxe, una mayor recaudación no necesariamente significa un menor déficit.

“Aunque la carga tributaria del país es similar al promedio de América Latina, hay una diferencia notable entre esos países y el nuestro, y esta es el alto estado de bienestar de nosotros”.

Gutierrez recientemente hizo un estudio  denominado La política fiscal en Costa Rica y sus márgenes de acción, donde califica de grave el alto nivel de endeudamiento del país.

“El problema es que los ingresos frescos (dinero recaudado en impuestos) no alcanzan para cubrir los gastos corrientes del Gobierno. Eso nos mete en la dinámica de pedir prestado para cubrir el déficit. Además, el nivel de endeudamiento pudiera llegar a ser el primer gasto del Gobierno Central”.

El año pasado nuestro país cerró con una deuda total de USD $11 mil millones, cifra superior a los presupuestos individuales de cada país centroamericano.

La deuda costarricense principalmente cubre el rubro de remuneraciones y transferencias al sector público, es decir, paga salarios y a traslada los dineros captados por el Gobierno a las instituciones descentralizadas.

Otro gran gasto es paradójicamente el pago de intereses sobre la deuda. Para diciembre del 2017 se pagaron más de 1000 millones de colones por este rubro, de los cuales más de 800 se pagaron sobre la deuda interna.

Prioridad. Las proyecciones del Banco Central de Costa Rica (BCCR) apuntan a que el déficit fiscal de este año cierre en -7.1% del PIB y -7.9% en 2019.

Tras estas proyecciones y de cara a la segunda ronda electoral, diferentes sectores sociales y económicos han manifestado que la discusión del tema fiscal debe posicionarse en el marco de las elecciones.

Mediante un comunicado de prensa, la Cámara Nacional de Industrias recomendó a los electores, el pasado mes de enero, tomar en cuenta las posiciones políticas en temas fiscales de los diferentes partidos políticos.

“La CICR le recomendó a los costarricenses que valoren las posiciones de los distintos partidos políticos en temas relevantes [...] es vital una Reforma Fiscal integral que contemple tanto el gasto como la modernización de los impuestos del IVA y renta”.

El sector sindical también se refirió a la situación se posicionó respecto a este tema. Albino Vargas, presidente de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), dijo que el tema de déficit fiscal no solo debe ser parte de la agenda económica sino también de la agenda social del país.

“Este tema debe ser central en la agenda obrera y social del país, no solo para aportar ideas, sino también para decir que no es la clase trabajadora la culpable del déficit”.

Uno de las principales diferencias entre el sector sindical y quienes sugieren una reforma fiscal integral, es el tema de empleo público.

Según el analista Juan Carlos Hidalgo, una reforma tributaria integral debería incluir primero ajustes del gasto por el lado del empleo público, los regímenes de pensiones con cargo al presupuesto y una restructuración de deuda; y luego ajustes por el lado de los ingresos.

La postergación de la discusión fiscal, dice el economista Miguel Gutiérrez-Saxo, podría hacernos entrar en una situación de crisis, principalmente por los altos niveles de endeudamiento. Aunque el economista reconoce que el problema no está a la vuelta de la esquina, sí está cada vez más cerca.