Eutanasia, Estado laico y derecho al agua: ¿tienen chance de aprobarse?

Ante el foco de atención de los primeros días del periodo 2019-2020 de la Asamblea Legislativa, tres nuevos proyectos de ley entraron a su corriente para discusión: Estado Laico, Eutanasia y el Derecho al Acceso al Agua.

La presencia de estos temas en la Asamblea Legislativa no es nueva: las tres propuestas planteadas hacen reforma a proyectos de ley presentados en períodos anteriores que fueron archivados por no contar con el apoyo suficiente de los diputados y diputadas de las comisiones respectivas o por el vencimiento en sus plazos.  

Ahora, ante el nuevo panorama del Congreso y la polarizada discusión que se ha dado en la última semana entre las bancadas: ¿existe una viabilidad real de estos nuevos proyectos en el plenario actual?

En el caso de la propuesta de Estado Laico, presentada por la diputada María Vita Monge, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) con este sería el tercer intento de reformar el artículo 75 y el artículo 124 de la Constitución Política para garantizar que, constitucionalmente, el Estado costarricense deje de primar a la religión católica como su credo oficial.

Anteriormente, esa propuesta estuvo en discusión en los períodos del 2006 hasta el 2010 y del 2010 hasta el 2014, en las que ambas ocasiones fueron archivadas.

Por otra parte, para la redacción del nuevo proyecto de Ley sobre Muerte Digna y Eutanasia liderada por la diputada Paola Vega, del Partido Acción Ciudadana (PAC)  se tomó como antecedente la propuesta presentada por los diputados liberacionistas Antonio Álvarez y Carlos Arguedas del período legislativo pasado (2014-2018) que de igual forma fue archivada por vencimiento en su plazo, sumada a la oposición que tuvieron los legisladores contra el proyecto.

La propuesta de reforma constitucional para Garantizar el Derecho Humano de Acceso al Agua presentada hace una semana por un conjunto de miembros del PAC, Liberación Nacional (PLN), el PUSC y el Frente Amplio (FA). El proyecto se basa en un proyecto de ley que el legislador frenteamplista, José María Villalta impulsó en el período del 2010-2014, el cual fue también descartado por prescripción.

En Interferencia conversamos con algunos de los principales actores políticos para comprender si existe o no la posibilidad de que estas propuestas puedan convertirse finalmente en leyes de la República.

Eutanasia: poco diálogo, fuerte oposición

Al igual que en en la legislatura pasada, el proyecto de ley sobre muerte digna y eutanasia muestra la división de opiniones y la negativa a dialogar que se genera en las bancadas legislativas incluso, dentro de la misma fracción del PAC, bancada donde surgió la iniciativa.

La diputada oficialista, Paola Vega, ha sido la encargada de liderar y de darle voz al Proyecto de Ley sobre Eutanasia y Muerte Digna, discusión que se reabre en el plenario tras haber sido archivada en el período 2014-2018.  

La iniciativa se encuentra bajo el expediente número 21.383 y busca garantizar que se cumpla con el derecho de las personas con padecimientos terminales a pedir la terminación de su vida. Por ende, el proyecto propone que se regule el mecanismo para que una persona pueda solicitarlo, y para que un  profesional médico pueda proceder sin que medie la sanción legal.

A pesar de conocer que es un tema que por contemplar materia jurídica sobre la tutela del derecho a la vida va a tener diferentes aristas y perspectivas que genera apoyos y oposiciones polarizados, Vega espera que se dé un debate en el plano, técnico, jurídico, médico y constitucional.

“Esperamos que ojalá se deje por fuera de la discusión los dogmas religiosos que si bien son respetables en cuanto a una posición sobre la eutanasia, no deben serlo desde la imposición de las creencias en una legislación que debe cubrir al universo del país y al de toda la ciudadanía” afirmó la diputada Vega.

Tal es el caso de la posición de su compañero de fracción, Welmer Ramos, quien afirma que no buscará dialogar sobre el tema por su convicción y creencia al derecho y al respecto a la vida, que cree se limitan en la propuesta presentada por su compañera de bancada.

“Yo soy respetuoso de la vida hasta que dios se la preste a uno; para qué vamos a negociar, si aquí todos tenemos que poner las cosas en discusión y en una democracia llegamos acuerdos en términos generales si es que existiera pero, en este caso no lo hay” respondió Ramos.

Sumado a Ramos se unen a la oposición hacia al proyecto todos los miembros del bloque independiente “Nueva República” y del Partido Restauración Nacional, que de entrada sumarían 14 votos en contra en el Plenario.

El diputado independiente de ese bloque, Jonathan Prendas, calificó ese proyecto en redes sociales como “matar a los que ya nacieron”.

La posición de la bancada del PLN, la más grande del Congreso, aún no está definida. Sylvia Hernández jefa de la fracción legislativa, aseguró que no ha tomado una postura oficial sobre el proyecto de ley. Sin embargo, dijo que espera que en el transcurso de la próxima semana se pueda definir con mayor claridad su posición y la de su partido, tanto en este como en los otros proyectos de ley.

Estado Laico tiene posibilidad de consenso

Actualmente, el proyecto de reforma constitucional para definir a Costa Rica como Estado laico parece estar cerca de los 29 votos que necesitaría para ser aprobado en el Plenario.

En la actualidad, la propuesta cuenta la firma de 20 legisladores del PAC, el PLN, el FA y el Partido Integración Nacional (PIN), además del apoyo del diputado independiente, Erick Rodríguez, detalló la diputada María Vita Monge, impulsora del proyecto de ley.

Esta propuesta busca reformar los artículos 75 y 194 de la Constitución Política que en la actualidad establece al catolicismo como la religión oficial de Costa Rica. Según la diputada socialcristiana, esa definición deja de lado la pluralidad de creencia existente en el país.

La diputada añadió que su propuesta busca “garantizar el contexto social de respeto a la diversidad de credos”.

Monge fue enfática en que este proyecto no busca declarar a Costa Rica un Estado ateo y que, por el contrario, busca que esa diversidad de creencias religiosas sean respetadas jurídicamente, sin algún tipo de preferencia.

Aún así, la presente iniciativa sería la tercera que llega a la Asamblea Legislativa en busca de reformar la Constitución para que se reconozca al país como laico.

Dicho proyecto fue presentado anteriormente en los períodos 2006-2010 contando en ese momento con el apoyo de 13 diputados y diputadas y en el período 2010-2014 con la aprobación de un total de 19 congresistas.

Si bien el respaldo hacia la reforma ha ido creciendo con el paso de los años, el proyecto sigue contando hoy en día con la oposición de varios diputados afines al excandidato Fabricio Alvarado y del Partido Restauración Nacional, quienes ya han declarado oficialmente que se opondrán a la reforma.

El Jefe de fracción del Partido Restauración Nacional Eduardo Cruickshank se muestra en contra de la propuesta, así como su compañero de bancada, Melvin Nuñez.

Sin embargo, la legisladora María Vita Monge, afirma que en el transcurso de esta se semana ha mantenido una serie de reuniones con el diputado Carlos Avendaño para buscar un mejor diálogo y un acercamiento con los demás miembros de la fracción de Restauración.

Para Erwen Masís, diputado del PUSC, desde su bancada se sigue analizando la propuesta presenta por su compañera de fracción, pues considera que es un tema delicado. Sin embargo, Masís asegura que están abiertos al diálogo y al consenso para tomar una posición conjunta.

Derecho Humano de Acceso al Agua: luz verde para avanzar

A diferencia de las trabas que tuvo la propuesta presentada por el diputado frenteamplista José María Villalta en el período legislativo 2010-2014 sobre la Declaración del derecho humano de acceso al agua, la nueva reforma constitucional presentada este 1 de mayo cuenta en la actualidad con la firma y el apoyo de los 57 congresistas que conforman la Asamblea Legislativa.

Para Villalta, quien cuatro años después vuelve a retomar el proyecto, la aceptación que obtuvo por parte del Plenario se debe a un proceso de casi seis meses de negociación con cada una de las bancadas para lograr acuerdos comunes.

Para el diputado frenteamplista además de la búsqueda del consenso y el diálogo influyó mucho que el principal opositor en años anteriores del proyecto de ley eran los miembros del Partido Movimiento Libertario (ML) quienes desaparecieron de la fórmula legislativa desde las elecciones del 2018.

En caso de discutirse, los tres proyectos tienen que pasar por las pruebas de recibir mociones en las comisiones legislativas correspondientes, una consulta constitucional si es requerido y los debates posteriores en el Plenario, donde necesitarían una mayoría simple de 29 votos para aprobarse.

*Fotografías cortesía del Semanario Universidad