
Pesca camaronera es prioridad de los diputados de Puntarenas
Diputados de esa provincia pesquera han reunido su apoyo en torno a la pesca de arrastre camaronera, pero faltan propuestas para otros sectores
Las cinco representaciones de Puntarenas en la Asamblea Legislativa han centrado casi toda su atención en el sector camaronero en comparación con el resto de grupos pesqueros de Costa Rica.
Así lo muestran los proyectos de ley que los legisladores han presentado desde el inicio de su administración, en mayo del 2018, y hasta la actualidad.
Las artes de pesca y Puntarenas van de la mano, al ser la provincia la que alberga 80% del litoral de Costa Rica y es donde se concentra el principal centro de desembarque de pescado del país, según un estudio del 2016 de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) sobre la sostenibilidad de la pesca en Costa Rica.
Interferencia solicitó al área de Procesos Legislativos del Congreso un desglose de todas las iniciativas de ley impulsados por Franggi Nicolás y Gustavo Viales, del Partido Liberación Nacional (PLN); Melvin Nuñez, legislador de Restauración Nacional; Oscar Cascante, de la Unidad Social Cristiana (PUSC); y la diputada independiente, Carmen Chan.
En total, esos legisladores han propuesto tres proyectos de ley relacionados con las prácticas de pesca en Costa Rica.
Todos los diputados puntarenenses coincidieron en la presentación del proyecto de ley que busca resucitar la pesca de arrastre de camarón, la cual fue prohibida desde el 2013 por orden constitucional. La iniciativa se tramita desde mediados de junio con el expediente 21.478, titulada como “Ley para el aprovechamiento sostenible de la pesca de camarón en Costa Rica”, y cuenta con la firma de 41 legisladores.
A inicios de julio, casi la totalidad del Plenario aprobó el trámite por vía rápida de ese proyecto de ley. Los únicos opositores fueron José María Villalta, del Frente Amplio, y la oficialista, Paola Vega.
En el 2013, la Sala Constitucional prohibió la emisión y renovación de licencias de pesca de arrastre camaronera hasta aprobarse nuevas leyes con sustento científico que garanticen que la práctica es sostenible ambientalmente.
El diputado Núñez afirmó que su apoyo al proyecto se debe a que la “pesca sostenible” de camarón para Puntarenas, Guanacaste y Limón representaría miles fuentes de empleo directo e indirecto. El legislador del PRN también alegó que ese proyecto de ley “ayudará a la difícil situación de vulnerabilidad de estos lugares “puesto que, tras la prohibición de este arte de pesca en el 2013, se ha aumentado la pobreza, delincuencia y desempleo en estas zonas”.
Por otro lado, ese es el único proyecto relacionado con el sector pesquero que han apoyado el socialcristiano Óscar Cascante y el diputado del PLN, Gustavo Viales.
Otra iniciativa que los legisladores puntarenenses han apoyado con su firma —excepto Cascante y Viales— que está relacionado con el sector camaronero es el proyecto de “Ley para regular la producción sostenible de sal y camarón de cultivo en modalidad convencional y orgánica”, que se tramita bajo el expediente 21.284, liderado por el diputado Melvin Núñez y con el apoyo de 46 legisladores de todas las bancadas del Congreso.
Ese proyecto pretende regular la acuicultura del camarón y la producción de sal dentro del Patrimonio Natural del Estado, con el objeto de “armonizar esta actividad con los avances y procedimientos técnicos y científicos adecuados para el aprovechamiento sostenible de los recursos hidrobiológicos y minerales en áreas de manglar”.
Según el texto de esa iniciativa, el proyecto también busca “incentivar y normalizar la producción de sal y de camarón de cultivo, desarrollada por pequeños y medianos productores en comunidades costeras del país”.
La diputada liberacionista, Franggi Nicolás, justificó que sí ha existido voluntad para apoyar al sector pesquero en la Asamblea Legislativa
“Hay una serie de proyectos que diversos diputados que hemos presentado en la corriente legislativa, pero el problema es que la aplicación y la entrada en vigencia de una ley es muy lenta y puede tardar más de dos años”, comentó la legisladora del PLN.
Además, Nicolás presentó a finales del año pasado el proyecto de ley 21.109, que pretende la “transformación del Instituto Costarricense de la Pesca en el Ministerio de la Pesca y la Acuicultura”, donde ella es la única proponente.
Pesca de arrastre genera “malestares” en grupos pesqueros
A pesar de presentarse como un grupo unificado ante Casa Presidencial, la pesca de arrastre de camarón marca disparidades entre el sector pesquero.
“Siempre lo hemos dicho: los artesanales no estamos de acuerdo con [pesca de] arrastre y lo hemos manifestado y lo seguiremos manifestando”, afirmó Enoc Rizo, secretario de la Asociación Red del Golfo, que reúne a pescadores artesanales del Golfo de Nicoya.
Mauricio González, líder del Sector Palangrero Nacional, también admitió que “hay ciertos malestares” entre los distintos grupos pesqueros en torno a la pesca de arrastre, pero afirmó que, cuando acudieron a Casa Presidencial desde finales de junio pasado, “fuimos unidos” para exponer otra serie de demandas.
Sin embargo, los sectores optaron por hacer a un lado su oposición a la pesca de arrastre para mantener esas conversaciones como un solo bloque, indicaron representantes de esos grupos.
Entre los principales reclamos que solicitaban los pescadores al gobierno destaca la exoneración del Impuesto al Valor Agregado (IVA), medida que Hacienda aplicó por un periodo de hasta seis meses a nueve especies para pescados y filetes, como el atún, dorado ,Marlín, espada, bolillo, etc.
Durante ese lapso establecido el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) en conjunto con el Ministerio de Economía de Industria y Comercio (MEIC), deberán elaborar un estudio que determinen los tipos de pescado que son de consumo real de la población de menores ingresos.
Otra de las preocupaciones expuesta en esas negociaciones por los sectores pesqueros es la falta de una reglamentación que los guía a la hora de utilizar las Balizas, que son dispositivos electrónicos que todas las embarcaciones deben de cargar para ser rastreadas y ubicadas de manera satelital.
Además, los grupos de pesca piden al Gobierno que se les otorgue licencias temporales a los pescadores que se les vencieron sus permisos y ahora están en la informalidad.
“La pesca de arrastre es un tema complejo; sí ha habido diferencias y eso no lo puedo negar”, dijo González, quien representa a pescadores semi industriales. “Desde el palangre hemos sido de la visión que la pesquería se regula, se administra pero no se elimina”, agregó el representante de ese sector.
Según Rizo, los pescadores del Golfo confían que esa resolución constitucional del 2013 impida los esfuerzos legislativos para resucitar esa práctica en aguas costarricenses, por lo que dejaron el tema fuera de la mesa de discusión.
“Hay disparidad en la capacidad de tener voz”
Por su lado, la gerente de incidencia política de la organización Marviva, Katherine Arroyo, reconoció que la posición de los pescadores artesanales en contra de la pesca de arrastre “ha implicado un distanciamiento del sector pesquero”, además de diferencias en la representación política de cada grupo.
“Es clarísimo que a nivel legislativo hay una presencia muchísimo más fuerte y organizada del sector semi industrial que del sector artesanal, y en ese contexto es más fuerte la representación de Puntarenas (del área semi industrial) y no tanto del sector artesanal de Guanacaste. Hay una evidente disparidad en la capacidad de tener una voz en esos espacios”, dijo Arroyo.
Fotografía de portada: embarcación para pesca de arrastre de camarón permanece anclada en Puntarenas, junio del 2018 (cortesía del Semanario Universidad)*