PUSC y PLN traban proyecto que prohíbe la explotación de gas natural y petróleo

El presidente de la República, Carlos Alvarado, reconoció este lunes en la Semana del Clima de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que en Costa Rica existe una moratoria que prohíbe la explotación y extracción de gas natural y petróleo hasta el 2050. Sin embargo, esa expectativa se ve obstruida por un grupo de congresistas que se oponen al proyecto que busca darle un marco legal al veto.

Dicha propuesta busca, principalmente, reafirmar mediante una ley la moratoria que desde el 2002 los gobiernos han ratificado para prohibir la explotación y exploración petrolera en territorio nacional, que en la actualidad tiene un plazo válido hasta el 2050.

El segundo objetivo que busca impulsar el proyecto es brindarle a la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) la potestad de analizar, estudiar y comercializar nuevas formas de generar combustibles alternativos con materiales menos contaminantes, como el hidrógeno.

Pese a que el proyecto ha contado con el apoyo de la mayoría de los legisladores, del sector ambientalista y del Poder Ejecutivo, un grupo de diputados de las bancadas del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y del Partido Liberación Nacional (PLN) han puesto una fuerte oposición desde la Asamblea Legislativa a la propuesta.

Tal es el caso de la diputada socialcristiana, María Inés Solís, que en los últimos meses presentó alrededor de 104 mociones a la iniciativa que busca prohibir de forma definitiva la explotación de petróleo y gas natural en territorio nacional.

Para la diputada Solís, hace falta un análisis y estudio previo antes de prohibir esa posibilidad definitivamente, pues según ella podría desperdiciarse un recurso que puede mejorar la situación económica y los ingresos del país.

“Prohibir la explotación de gas natural y petróleo afectaría la economía de los costarricenses. Si tenemos la posibilidad de explotar el recurso nosotros mismos, me parece que no tiene ningún sentido limitarnos. Considero que dejar la riqueza en otro país no debería de ser, más si podemos nosotros mismos explotarlo; si es así, es mejor aprovecharlo y que las ganancias queden aquí que buena falta le hacen al país” afirmó la socialcristiana.

Interferencia le consultó a la diputada Solís sobre las posibles implicaciones que podría traer la reactivación de actividades extractivistas, a lo que ella afirmó que existen países desarrollados que han logrado manejar de forma sostenible la explotación de recursos minerales.

“Tenemos que preguntarle a Noruega y otros países nórdicos que son ejemplo a nivel ambiental sobre cómo hacen para explotar petróleo de la manera en que lo hacen. Yo creo que las dos cosas pueden sobrevivir juntas una de la mano de la otra, tenemos que buscar el beneficio económico del país pero por supuesto que cuidando el medio ambiente” respondió la congresista.

Sin embargo, lo que la diputada María Inés afirma puede inducir a un error, ya que según datos del Último Informe de Emisiones Fósiles Noruega emitió 46.942 toneladas de dióxido de carbono solo en el 2017, que equivale a 6 veces más de lo que produce Costa Rica, aun cuando ambas naciones tienen poblaciones similares.

El estudio también demostró datos poco alentadores a nivel ambiental para Noruega, ya que las emisiones de CO2 en este país han crecido desde el año  2007.

A la posición de la bancada socialcristiana se le ha unido en las últimas semanas el apoyo de algunos miembros del Partido Liberación Nacional (PLN) como la del diputado Luis Fernando Chacón, quien abiertamente ha expresado su descontento con la iniciativa que busca prohibir la explotación de hidrocarburos.

Chacón alegó que países de primer mundo, e incluso aquellos en vías de crecimiento como República Dominicana, han encontrado en la explotación de sus recursos naturales una forma de generar mayor ingresos.

“Todos los países del mundo están logrando entrar a una matriz energética renovadora y de futuro pero, primero tuvieron que trabajar y explotar los recursos naturales que tenían” expresó el verdiblanco.

Fuera de la Asamblea Legislativa, una iniciativa ciudadana liderada por el ingeniero químico Carlos Roldán también pretende reactivar las actividades extractivistas, a través de una consulta civil vía referéndum.

Para Roldán, los políticos están desperdiciando la oportunidad de aprovechar la riqueza que Costa Rica tiene a nivel de minerales y omiten el impacto que la explotación de estos recursos generarían para la economía nacional.

Sector ambientalista en alerta

La preocupación sobre las dos iniciativas que buscan reactivar la extracción y exploración de hidrocarburos ha llegado a los diferentes sectores ambientalistas, quienes consideran que volver a esta actividad generaría un riesgo invaluable para los ecosistemas del país.

La presidenta de la Comisión de Ambiente, Paola Vega, señaló que la explotación de gas natural como y petróleo significaría un retroceso a los esfuerzos que el país y el mundo están haciendo para la lucha contra el cambio climático.

Según la diputada, la negativa de los congresistas del PLN y PUSC para prohibir de forma definitiva las prácticas extractivistas se debe a un lobby empresarial que ha logrado influir en las últimas semanas en la toma de decisiones de algunos diputados.

“Es una locura lo que se está viviendo, es muy fuerte la presión que están haciendo los empresarios que quieren explotar el gas en el país y sus intenciones se han visto reflejadas en los diputados y en algunos medios de comunicación” expresó la oficialista.

Sin embargo, la diputada Vega señaló que desde la Comisión de Ambiente —que es la encargada de estudiar la iniciativa— se ha avanzado de forma satisfactoria en su discusión pese a las más de 100 mociones presentadas por la bancada del PUSC.

“A pesar de la oposición que el proyecto ha tenido, sí hemos logrado avanzar en su estudio y discusión y es por eso que en este momento nos encontramos afinando los últimos detalles para que la iniciativa pase finalmente al plenario legislativo” concluyó.

Bajo esta misma línea el exdiputado del Frente Amplio (FA) y ambientalista, Edgardo Araya, comentó a Interferencia que quienes están en contra de prohibir la exploración han utilizado argumentos falsos.

“Es falso lo que dicen los que están a favor de la extracción de minerales en Costa Rica al decir que se puede extraer petróleo de forma que no se afecten los recursos naturales. Incluso hay estudios que comprueban que este tipo de actividades son insostenibles para la conservación y preservación del medio ambiente” destacó el frenteamplista.

El geólogo petrolero de la Universidad de Costa Rica (UCR), Allan Astorga, también afirmó que algunos congresistas han utilizado argumentos imprecisos con el objetivo de manipular la discusión del tema.

“No es cierto que en Costa Rica hayan reservas probadas de hidrocarburos, esto es absolutamente falso. Lo que hay son unas estimaciones esenciales que se hicieron a finales de los años 90 sobre posibilidades de existencia de hidrocarburos. Pero, una cosa es potencial y otra es que se tengan reservas probados como algunos diputados han mencionado” declaró.

Astorga afirmó que para comprobar si existe o no yacimientos de petróleo en el país se debe hacer una inversión millonaria que involucra una exploración que puede provocar grandes daños a nivel ambiental.

Incumplimiento de tratados nacionales e internacionales

Uno de los principales objetivos del Plan Nacional de Descarbonización 2018-2050 es generar un plan de acción que  modifique de forma significativa la gestión de sus recursos en el país, entre ellos destaca la prohibición de la extracción y explotación de hidrocarburos.

Para el abogado ambientalista Álvaro Sagot, la prohibición de exploración petrolera es necesaria pues implica un avance en los objetivos país a nivel ambiental y también un importante precedente en los esfuerzos en la lucha contra la crisis climática.

Sagot agregó también que la iniciativa acerca a Costa Rica con los compromisos ambientales que ha adquirido a lo largo de los años en diferentes cumbres internacionales como el Acuerdo de París firmado en el 2016 y el Protocolo de Kyoto en 1998.

“De no aprobarse esta iniciativa el país pondría en riesgo todos los acuerdos nacionales e internacionales con los que se ha comprometido a lo largo de los años a nivel ambiental” manifestó.