El plazo para que el Ministerio de Hacienda haga pública la lista de las denominadas “grandes empresas territoriales” que durante en la última década han reportado cero ganancias o pérdidas por años consecutivos, inició a correr desde el pasado miércoles.
La Sala Constitucional notificó a las autoridades de Hacienda a mitad de semana la resolución del voto 2018-18694 del pasado 9 de noviembre.
Hacienda se encuentra analizando la notificación de la Sala IV: “en este momento se encuentran revisando la sentencia para cumplir con lo que se ordena”, confirmó vía correo electrónico el departamento de prensa de este Ministerio.
Los magistrados habían declarado con lugar un recurso de amparo interpuesto por dos vecinos del cantón de Guadalupe a quienes Hacienda les negó el nombre y número de cédula jurídica de cada una de las empresas calificadas como grandes contribuyentes, que en los últimos 10 años habían reportado pérdidas o cero ganancias.
Una vez notificado el voto se brinda un plazo de cinco días para que Hacienda entregue la información. Por lo que se espera que el próximo miércoles (05-12-2018) la lista de empresas sea pública.
La Ministra de Hacienda había manifestado su beneplácito con la sentencia: “este pronunciamiento de la Sala viene a fortalecer nuestro compromiso con el principio de transparencia, y nos abre la posibilidad de dar a conocer información de interés público hasta ahora considerada confidencial, en un momento en el que hacemos grandes esfuerzos para lograr el mayor cumplimiento de las obligaciones tributarias “, dijo Rocío Aguilar.
Práctica anómala
Sabemos de la existencia de estas empresas grandes gracias a un informe de la Contraloría General de la República publicado a inicios de año, en el mes de abril. Pero en el informe se omitieron citar las empresas que presentaban esta anomalía.
Según el informe publicado por la Contraloría General de la República una de cada 4 empresas grandes realizan prácticas para evitar cancelar los impuestos según sus ganancias.
La Contraloría descubrió que en el periodo 2010-2016, de las 3949 declaraciones presentadas por las Grandes Empresas Territoriales, el 21 por ciento, es decir 824, reportaron pérdidas.
También un 6 por ciento, o sea 238 declaraciones, cero impuesto, a pesar de que en ese mismo periodo los ingresos brutos de esas empresas alcanzaron los 8,1 millones de millones de colones y sus activos totales fueron de 15,5 billones.
Aunque no reveló los nombres, la institución identificó que en el periodo 2010-2014, siete grandes empresas declararon pérdidas de manera consecutiva durante tres años. Otras 25 reportan pérdidas durante cuatro años consecutivos y 14 más reportan pérdidas durante cinco años consecutivos o más.
Posterior a conocerse la información brindada por la Contraloría, un medio de comunicación pidió la información a Hacienda y no le fue entregada.
Luego, un grupo de ciudadanos de una plataforma llamada “Territorios Seguros” acudió a Hacienda y también recibió una respuesta negativa por parte de las autoridades tributarias, por lo que presentó un recurso ante la Sala Constitucional.
“Nuestros cantones no salen adelante porque hay empresas irresponsables que amparados con una acción autoritaria de funcionarios y jerarcas de algunas instituciones eluden pagar lo que la Constitución les obliga, para ver como enriquecen más sus arcas”, asegura el coordinador nacional de la plataforma Territorios Seguros, Carlos Campos.
Territorios Seguros nace en 2009 y desde la fecha trabajan en fomentar la participación ciudadana en los procesos políticos y públicos. Pero se consideran una iniciativa apartidaria o sea no están vinculados a ningún partido político.
Ahora, dos vecinos del cantón de Guadalupe presentaron el recurso de amparo en contra de Hacienda. La acción fue llevada como parte de sus procesos de auditoría ciudadana que realizan desde la plataforma Territorios Seguros.
Lía Sánchez, una enfermera retirada, fue -junto a Jorge Vizcaíno, quienes llevaron el tema ante los magistrados.
“En Costa Rica para todo hay leyes pero no se cumplen, ese es el problema, y cuando acudimos a las instituciones muchas veces tampoco las aplican. Es complejo el tema. Uno como ciudadano paga impuestos y por ende además de tener deberes, también tenemos derechos”, afirma Lía.