Sergio Rojas, territorios indígenas y la falta de voluntad política

HISTORIA SALITRE

La Ley Indígena de Costa Rica (N°6172) establece que las tierras declaradas  como territorio indígena son inalienables, imprescriptibles, no transferibles y exclusivas de las comunidades indígenas que las habitan.

No siempre han existido leyes que favorezcan a los pueblos originarios. Fue a partir de los años treinta que se empezaron a reconocer los derechos humanos de las personas indígenas, y hasta los años setenta se aprobó la Ley en Costa Rica.

Sin embargo, según reportó el Semanario UNIVERSIDAD, en Costa Rica se calcula que hasta un 85% de los territorios indígenas está en manos de personas ajenas a estas etnias originarias.

El conflicto en Salitre sienta bases justamente en dicha ocupación territorial. La situación que se vive en la zona no es nueva, pues desde el 2014 los indígenas Bribri se mantienen en una constante lucha por su territorio y en contra de la invasión que han sufrido por parte de personas no indígenas, empresarios y terratenientes.

El pasado 5 y 6 de julio del 2014, más de 150 personas invadieron el Territorio, persiguieron, dispararon armas de fuego, golpearon, quemaron varias viviendas,  lanzaron piedras y palos a los pobladores indígenas; todo en un acto de violencia injusta e innecesaria contra la población habitante de la zona, a razón de invadir las tierras pertenecientes a los habitantes originarios Bribris.

En ese momento se identificaron a los hombres causantes de los actos violentos como finqueros, cuyo objetivo era adueñarse de las tierras indígenas para que tales sean destinadas a la producción principalmente agrícola y ganadera.

Por un lado, los terratenientes aseguran que por Ley les pertenecen los terrenos que han saqueado y violentado. Por otro lado, los habitantes originarios e indígenas aseguran que no hay Ley que le pase por encima a sus derechos como habitantes originarios; es decir, las tierras les pertenecen por derecho ancestral.

La violencia fue tal, que en el año 2015 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al estado costarricense a garantizar la protección, vida e integridad personal del Pueblo Indígena Teribe y Bribri de Salitre.

No obstante, la inacción y aparente falta de voluntad política de parte del gobierno en aquel entonces, y que persiste hasta hoy día, ha  permitido los ataques violentos, el despojo de tierras y la impunidad de tales actos.

LO QUE DESENCADENA

La madrugada del pasado 18 de marzo, un activista, líder social e indígena fue asesinado por defender la tierra perteneciente a los pueblos indígenas. El dirigente indígena Bribri, Sergio Rojas fue asesinado de 15 balazos.

Rojas, ya había sido víctima de varios intentos de homicidio, persecución y además fue preso por supuesta malversación de fondos durante seis meses en el año 2015.

Varias fuentes, entre ellas El Frente Nacional de Pueblos Indígenas (Frenapi) aseguran que horas antes de su asesinato, Sergio alertó a las autoridades mediante una denuncia, que estaba siendo amenazado nuevamente; sin embargo no se procedió antes de su asesinato.  

FRENAPI responsabiliza de la muerte de Rojas al gobierno por no acatar las órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre proteger los pueblos indígenas y sus habitantes originarios.

Por su lado, el presidente de la República, Carlos Alvarado sentenciaron (varias horas después) lo ocurrido, llamándole ”un hecho trágico en la historia costarricense”. Unas horas después del acontecimiento se enviaron a policías, y una comitiva especializada en resolución de conflictos a la zona.

¿CULPABLES?

Varias organizaciones y activistas consideran que el asesinato de Sergio Rojas es un crimen de Estado, por el incumplimiento de las medidas cautelares de la CIDH, además de la completa desatención del cumplimiento de la Ley Indígena que existe en el papel desde hace décadas, pero en la práctica es casi que nula.

Conversamos con Alancay Morales, especialista en derechos de las personas indígenas y con Jimmy Vargas, activista autónomo por los derechos de las personas indígenas.

Vargas menciona que este conflicto no es únicamente un conflicto entre indígenas y finqueros, como varios medios de comunicación han afirmado, si no que es mucho más complejo.

“La violencia que se vive en la zona no es un asunto de linaje indígena, es un asunto de fuerte usurpación territorial por parte de personas no indígenas; con grandes intereses económicos en las zonas indígenas, y no solamente en Salitre, si no en varios territorios a lo largo del país”.

Sergio Rojas jugaba un papel fundamental en la lucha por la recuperación de territorios. Sin duda, afirma Vargas, era un peligro para los intereses económicos y políticos de muchas personas en la zona.

Rojas fue descrito como un abogado autodidacta, que recopliaba la información necesaria para defender los derechos de los pueblos indígenas, y por supuesto eso no gustaba. Incluso, Sergio había reunido lo necesario para llevar a Costa Rica a una demanda internacional por la violación a los derechos de los pueblos indígenas y originarios del país.

Alancay Morales afirma que desde el inicio de las medidas cautelares, el nombre de Rojas estaba entre los beneficiarios que debían ser protegidos por el Estado. Sin embargo, el gobierno mismo intentó que no se adoptaran las medidas cautelares y declararlas improcedentes.

El estado le habría propuesto a Sergio y a otros activistas, una protección fuera de las tierras en disputa; es decir, para que el Estado les brindara protección, el pueblo debía abandonar los territorios.

Morales asegura que desde el punto de vista de sus investigaciones, el problema no está en que las personas indígenas sepan sus derechos legales y territoriales. El problema está directamente relacionado con la ejecución y práctica de tales derechos en los tribunales.

El accionar del gobierno local del cantón de Buenos Aires, en Puntarenas, ha sido uno de los principales obstáculos para la ejecución de los derechos de las personas indígenas, según ambos entrevistados.

Desde denuncias que no son tomadas en cuenta, o que son directamente archivadas, hasta la constante discriminación de parte de los funcionarios a las personas que no hablan español, aunque por ley deba haber un traductor, señalan ambos.

Jimmy Vargas menciona que “la municipalidad de Buenos Aires tiene sangre de Sergio Rojas en las manos, y esa sangre se comenzó a manchar desde que le declaran non-grato por defender las tierras y al apoyar directamente los ataques al territorio de Salitre”.

En conclusión, existe un evidente vacío en la funcionalidad del sistema gubernamental. Desde hace décadas se conoce de las múltiples represiones que han sufrido las personas indígenas, sin mencionar el abandono estatal en las zonas originarias.

Hasta la fecha no hay ningún sospechoso detenido por el asesinato de Sergio Rojas, así como tampoco de existen personas procesadas por las múltiples agresiones sufridas en Salitre, Térraba y otros pueblos a lo largo de los años.